Las tareas pendientes luego de la tragedia ferroviaria de Once
El accidente de Once, con tantas víctimas fatales y heridos, es una tragedia. Hay que castigar a los culpables, pero sobre todo perfilar una empresa estatal de transporte ferroviario, articulada al de otros rubros.
Con el hallazgo ayer (por el viernes pasado N. de R.) del último cuerpo entre los vagones 3 y 4 de la formación 3772, “chapa 16”, el de Lucas Menghini Rey, la estadística de muertos subió a 51, con 670 heridos. Como en los hospitales hay todavía una veintena de heridos graves, aquella lista podría aumentar.
En la estadística de accidentes sobre los rieles, el de Once está entre los más graves, por ahora en tercera posición, ahí nomás del segundo. Tal clasificación da una base objetiva al debate. Todo accidente es grave aún cuando cueste una sola vida, con tanta mayor razón cuando supera el medio centenar.
Lo que subleva al público es que todo indicaba, previamente, que una cosa podía suceder. Era la crónica de una muerte anunciada (perdón GGM por parafrasear otra vez sin respetar el copyright).
El Auditor General de la Nación, el político radical Leandro Despouy, había realizado en 2008 un informe que cuestionaba el ramal Sarmiento operado por Trenes de Buenos Aires (TBA), del grupo Cirigliano. Pese a los millonarios subsidios que cobra desde 1994, cuando comenzó a operar a cuenta de los negocios con el tándem Menem-Cavallo, esa empresa no había hecho inversiones (que siguieron a cargo del Estado bobo hasta hoy). El material rodante, vías, equipos y repuestos, etc, estaba en situación desastrosa.
La locomotora marca Toshiba que tuvo el choque del miércoles 22 fue fabricada en 1960. En vez de la veintena de trenes nuevos que fueron anunciados con bombos y platillos con el entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el ministro de Infraestructura, Julio de Vido, TBA sólo había puesto cuatro en funcionamiento.
Más importante que los señalamientos de Despouy fueron los de los trabajadores ferroviarios. De la oposición, claro. Es que los jerarcas de la Unión Ferroviaria encabezados por el detenido José Pedraza estaban en negocios conexos con la privatización: tercerización laboral, ingreso de personal propio y explotación de trabajadores mediante las Cooperativas, algunas de la UF. De los otros burócratas, como Omar Maturano, de La Fraternidad, tampoco provinieron voces de alerta; estaban acomodados con el esquema privatizador. El subsecretario de transporte ferroviario, Antonio Luna, es hombre de Maturano, y ha convalidado la pésima situación del sector.
Otros trabajadores sí denunciaron, al precio de sanciones, procesos y hasta detenciones, como las que sufrió “Pollo” Sobrero, delegado del Sarmiento, de la Lista Bordó. Estos sí llamaron la atención sobre las pésimas condiciones de trabajo, el viaje como ganado, la falta de inversión de los concesionarios, los controles casi inexistentes del Estado, la obsolescencia de los trenes y otros tremendos déficits en ese y demás ramales.
Tiren sobre Cirigliano
Desde el miércoles a las 8 y 32 horas, TBA y Cirigliano han estado bajo el fuego de la crítica del público, usuarios y la prensa. También bajo la lupa de la justicia. El juez federal Claudio Bonadío, uno de los pocos que queda de la famosa servilleta de Carlos Corach, ha tomado intervención, designado tres peritos ingenieros, colectado los videos de Once, etc.
Lamentablemente el magistrado tiene por ahora sólo dos imputados por estrago doloso seguido de muerte: el conductor y el guarda. Esto apunta contra una “falla humana” pese a que los primeros análisis sobre el motorman, por ejemplo sobre si había consumido alcohol, dieron resultado negativo.
El fiscal Federico Delgado, en cambio, ha pedido otras actuaciones, que apuntan hacia la irresponsable gestión de Cirigliano. Por ejemplo, tomaría de marco para la investigación a otros accidentes en los ramales que en 2004 fueron sacados de la órbita del concesionario Sergio Taselli-Trenes Metropolitanos, luego de accidentes y mala prestación en el ramal Gral Roca.
Esta línea investigativa parece la correcta: sentar en el banquillo de los acusados a la privada concesionaria, que hasta ahora –incluidos los ocho años de kirchnerismo- ha gozado de una libertad total de movimientos, cercana a la impunidad.
Desde 1994 hasta hoy la firma de los hermanos Cirigliano (que por medio del grupo Plaza opera el transporte de pasajeros en la ciudad de Santa Rosa, entre muchas otras) ha sido responsable de numerosos accidentes ferroviarios. Entrevistado por TN, el ex diputado socialista Héctor Polino, le achacó 2.000 muertes. Era impresionante. Luego, en otras estadísticas, las cifras eran apenitas un poco menos tremendas: 1.372 muertos.
¿Estas cosas no las vieron en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte? ¿El subsecretario Luna, de la Fraternidad, qué estaba mirando? ¿El secretario Juan Pablo Schiavi, tampoco vio nada? De su antecesor, Ricardo Jaime, no se pregunta nada porque es obvio: vivía en regios departamentos cedidos por el grupo Plaza-TBA al que supuestamente debía controlar…
Llama la atención que ese Estado ciego y sordo a los reclamos de los usuarios, trabajadores, AGN, políticos, ONG, etc, solicite hoy ser parte de la querella por la tragedia de Once. Por tantas fallas de control acumuladas, el Estado debería ser sentado en el banquillo de los acusados y dar cuenta de sus eventuales responsabilidades. Y no hacerse la víctima; es tarde para eso.
El que las hace las paga
En un programa de Maxi Montenegro en canal 26 se cuantificaron los subsidios al transporte previstos en el Presupuesto Nacional 2012. Entre todos los concesionarios del tren se llevarán 5.200 millones de pesos; los del ramal Belgrano Cargas más de 2.200 millones y los del transporte de colectivos otros 8.000 millones. Es un dineral.
Los dineros entregados por el Estado al grupo Cirigliano fueron 133 millones de pesos en 2011 y más de 76 millones en enero de 2012. Lo tragi-nadacómico fue que con esos dineros, en vez de mejorar el servicio ferroviario, TBA se habría dedicado a comprar colectivos y dólares. Según Gustavo Sylvestre, de América TV, habría comprado 9 millones del verde billete con dineros aportados por los argentinos de a pie.
Estas terribles fallas del sistema privatista están a la vista y han causado mucha muerte y dolor en familias. Esto no se cura con dos días de duelo decretados por la presidenta de la Nación. Hay que partir de ese duelo para elaborar una política diametralmente opuesta a la que vino aplicando el gobierno, primero con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández.
Para decirlo sin eufemismos: la política K de ferrocarriles tiene diferencias sólo de matices con la del menemismo y la Alianza. Cirigliano hizo excelentes negocios con Menem, De la Rúa, Duhalde y los arriba nombrados.
Lo bueno es que algunos kirchneristas parecen advertir que esa pésima línea debe cambiarse. Entre otros, sumaron sus voces críticas Luis D´Elía, los panelistas de Duro de Domar y Mario Wainfeld, quien cuestionó en Página/12 que el gobierno se lave las manos y deje el asunto en manos de la justicia, que tiene tiempos lentos, en vez de asumir un nuevo curso político. “Judicializó la política”, cuestionó MW, habitualmente en sintonía con CFK. Hebe de Bonafini lo cruzó a Schiavi: “da vergüenza ajena que un funcionario sea tan pelotudo”.
Los que son incorregibles son los de 678, que culminaron su programa de anteayer diciendo que no era ninguna garantía crear una empresa estatal de trenes por el boicot que los gremios habían hecho a Aerolíneas.
El burócrata Maturano expresó que era necesaria una inversión de 40.000 millones de dólares y una transición de diez años, si se quería fundar aquella perspectiva estatal. Lo suyo quiso desalentar el necesario cambio de vías…
Lo más urgente es investigar y castigar a los responsables de la tragedia. En esto vale la acción judicial pero también una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, con las reglas y tiempos de la política democrática.
Otra urgencia es cesar la concesión a TBA, mal que les pese a Schiavi y De Vido, quienes en la conferencia de prensa dejaron esa perspectiva para más adelante y supeditada al curso judicial. El silencio presidencial es atronador…
La anulación de esta privatización debería hacerse ya, preventivamente y en base al material acumulado de años de denuncias. Si los hermanos Cirigliano van o no presos, eso sí lo determinará la justicia; pero la quita de la concesión no depende de ésta sino del gobierno.
El debate más elevado tendría que apuntar hacia la creación de una empresa estatal de transporte en lo ferroviario, aéreo y fluvial, con controles férreos al transporte vial y sistema de colectivos de pasajeros. Y en todo ese sistema estatal y público, debe tener plena vigencia eso de que “el que las hace las paga”. Los servicios públicos esenciales y los recursos naturales deben estar en manos del Estado. Tal parece ser la lógica política que el sangriento choque de Once puso otra vez sobre el tapete.
Por Emilio Marín (LA ARENA)
Fuente
