Sigue en debate la nueva ley de medios audiovisuales, y como suele suceder cuando se discuten temas tan importantes que hacen al destino de la nación, siempre quedan cosas por decir. Sentar claridad debería ser el fin per se de todo comunicador social.En las últimas semanas se han pronunciado un variopinto de barbaridades, disparates que nada tienen que ver con el proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Congreso. Estupideces se han dicho del tipo "ahora los medios van a quedar en manos de amigos del kirchnerismo", "está es una ley mordaza", "TN va a desaparecer", "los trabajadores de la prensa se van a quedar sin empleo", etc. Todas estas paparruchadas que se lanzan desde los canales de los emporios mediáticos presumen una ciudadanía boba, que consume las informaciones como si fueran carne podrida. Pareciera ser un cuento de literatura fantástica o surrealista signado por la paranoia. O mejor, un relato standar de la época de la guerra fría donde los norteamericanos veían comunistas hasta debajo de la almohada de su cama. O viniendo más cerca en el tiempo, la seguridad preventiva de la era George W. Bush. Sí, otra vez la caza de brujas.
Desde los oligopolios que controlan la prensa se alimenta el fantasma de "la falta de seguridad jurídica" y de la "supresión de la libertad de expresión" que traería la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley "K" como le llaman los verdaderos censores de la comunicación), como si ésta hubiese sido exclusivamente un invento del actual gobierno nacional, cuando en realidad es producto de años, décadas de lucha de los sectores más democráticos de la sociedad.
Hasta ahora la estructura comunicacional de nuestro país se divide en más de un noventa por ciento del espacio controlado por grandes grupos empresariales (no un monopolio sino varios, o sea, oligopolio) y apenas un porcentaje ínfimo para el sector público, estatal (Canal 7, Radio Nacional y Telam). Las cooperativas casi ni cuentan, están aisladas, les es imposible competir a la par de los multimedios.
Más allá de que sí haya empresarios del ambiente comunicacional ligados al kirchnerismo, casi la totalidad de los medios es opositora al Gobierno, más de tres cuarta parte del espectro.
Los medios de comunicación ya no son el cuarto poder tal como nos hacía creer el paradigma liberal, son la propia cara del poder económico que estructura la sociedad civil.
Necesitamos que se establezca un nuevo sistema comunicacional (el que se está tratando en el Senado no incluye los medios gráficos) que sustituya el que lleva la firma del dictador Jorge Rafael Videla. El que tenemos es deficiente, autoritario desde donde se lo mire, porque más del 90 % de los medios privados son antikirchneristas mientras en el caso de los medios públicos citados más arriba, éstos son kirchneristas. No hay termino medio. Y desde lo ético deberíamos decir que está mal que en Canal 7, Radio Nacional y Telam nunca encontremos una denuncia o crítica al Poder Ejecutivo. Empero, esto lo hallamos por doquier, en sobreabrumadura abundancia en la cadena comunicacional privada. Y esta cadena, conglomerado de medios, parece tener una misma visión regida por la concepción neoliberal de la no injerencia (intromisión) del Estado en el Mercado. En fin, la idea de mercadocracia es la que motoriza el andar de estas corporaciones. El círculo de la información (la cual más que circular es lineal) basado en la lógica mercantil, como lucro, como competencia desleal donde siempre los grandes se comen a los chicos. La información nunca como derecho, como deber de crear ciudadanía, sino como negocio.
La concentración de la comunicación no es solamente el hecho de que grandes empresas acaparen muchos medios, sino también es una acotada planta laboral que excluye a un gran número de periodistas, porque no se realiza una efectiva y equitativa división del trabajo. Pocos trabajadores desempeñándose en distintas áreas de un mismo holding mientras el resto, la gran mayoría, buscando desesperadamente entrar a laburar en un medio, aunque sea haciéndolo al principio ad honorem. Gran parte de la gente que trabaja en el ámbito de las comunicaciones lo hace sin cobrar o con magros sueldos. No hay una severa legislación laboral que proteja a los laburantes ni que les permita a los desempleados acceder a estos puestos de trabajo, tener alguna posibilidad. No hay llamados a concursos para ejercer cargos ni tampoco suele haber avisos clasificados pidiendo periodistas o comunicadores sociales. En este ambiente se mueven a dedo, por contacto. O sea, se manejan como ghettos.
La nueva ley, su sanción, sería la concreción del fin de la tiranía de los oligopolios mediáticos. La gran oportunidad para miles y miles de laburantes de insertarse en el mundo comunicacional, poder vivir de su profesión, un derecho inalienable. Pero por sobre todas las cosas, esta nueva reglamentación sería el triunfo cultural de la democracia, de los sectores populares postergados por el neoliberalismo. La vuelta a soñar en una República grande: soberana y pluralista, por ende, igualitaria.
Por Mauro Reynaldi
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