La impunidad capitalista

Día a día se presenta con más evidencia la tiranía que la sociedad argentina está viviendo a manos del poder comunicacional de los sectores que concentran la economía. Los grandes grupos económicos han impuesto una dictadura mediática que pone en situación de vulnerabilidad (de alto riesgo) a la democracia. Clarín y el grupo Uno poseen la mayor cantidad de medios de difusión, con los cuales le imponen a la población su visión neoliberal, su afán de lucro desmedido a costa del Estado.

En las últimas semanas dos hechos demostraron que el denominado cuarto poder es el poder real (es el establishment), estos fueron: los fallos en contra de la aplicación de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por jueces mendocinos, y los despidos de los trabajadores del multimedios La Capital, integrado por el diario y las emisoras radiales AM LT3 y LT8. Lo llamativo es que estos atentados contra la libertad de prensa y de expresión, fueron obra directa del Grupo Uno de la provincia de Mendoza, cuyos propietarios son el empresario Daniel Vila y el ex ministro del Interior de la década infame menemista José Luis Manzano. Es este holding empresarial y no Clarín, quien está trabando el funcionamiento de la nueva legislación de medios. El gobierno nacional puso tanto énfasis en deslegitimar al emporio de Ernestina Herrera de Noble y Hector Magnetto, pero se olvidó de la dupla Vila-Manzano, cuyo socio de lujo en Buenos Aires es el diputado reelecto Francisco de Narváez, quien es poseedor de una parte del canal América.

Sabemos que los monopolios dañan fatalmente a la democracia. Esto no sucede solamente con la información, también ocurre con el comercio. Gracias a la monopolización y oligopolización (en algunos casos) del mercado, crece y crece la inflación.

Pero, volviendo a los medios, la suspensión de la nueva ley es producto de la fuerza que aún conservan (y hasta incrementan) los dueños del país, las clases dominantes que diseñaron el actual modelo agroexportador, dependiente del capital extranjero. Ante este poder gigantesco, el cual manipula las conciencias a través de sus canales de comunicación, la sociedad no puede quedarse inmóvil.

Las protestas y movilizaciones de los laburantes del multimedio cuyano despedidos en Rosario más la causa abierta que tiene con la Justicia la señora Herrera de Noble por la supuesta apropiación de hijos de desaparecidos durante el proceso genocida de 1976 a 1983, son señales de un poder que está siendo puesto al descubierto, pero que todavía conserva la impunidad ante una Justicia viciada, con resabios de jueces procesistas y menemistas, que están torciendo la balanza en favor de la corporación mediática.

El pueblo en movimiento, que marchará el próximo 9 de abril para exigir la puesta en acción de la nueva ley comunicacional es un paso importante para acabar con esta impunidad de los capitalistas nacionales, que viven actuando según sus intereses corporativos, los cuales casi siempre chocan contra el bien común. Una vez más la pugna se da entre lo público y lo privado, entre el bienestar general o la mezquindad de un puñado de empresas que buscan adueñarse de lo que es propiedad de todos.

La nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una cuestión de Estado, que nos compete a todos los argentinos. No es la mera pelea entre los Kirchner y el grupo Clarín. ¿O no es raro que el tema de Ernestina Herrera de Noble y sus hijos sea atendido por el Gobierno en el medio de la batalla con el monopolio? A Néstor Kirchner y a Cristina Fernández no les importó mucho este asunto hasta que entraron en conflictividad con dicho grupo empresarial en 2008.

Entonces, la democratización de la comunicación debe ser un deber de toda la población, una política de Estado, no un simple capricho kirchnerista. Aunque hallan sido los K quienes más pujaron y llevaron adelante, institucionalmente, esta democratización.

Por Mauro Reynaldi