Quizá en la jornada de hoy los diputados de la nación le den media sanción a la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ya la oposición, que se opone a todo lo habido y por haber, está haciendo lo imposible por que se trunque el debate. Desde el grande multimedio Clarín se intentó instalar la idea de que ésta es una ley de medios K. Toda una patraña, pues, el proyecto fue armado con el consenso de muchas fuerzas políticas que vienen luchando para que se modifique la reglamentación impuesta por la última dictadura cívico- militar. Radicales, socialistas, militantes de izquierda, peronistas filokirchneristas, entre otros, son quienes, desde el 2004 tras haber formado la Coalición por una nueva ley de Radiodifusión, propusieron los 21 puntos que son la base del proyecto que la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso. Sin embargo, el panradicalismo se olvidó de lo que había que proyectado hace cinco años atrás, cajoneó las iniciativas que vienen del gobierno de Raul Alfonsín y el proyecto de otro radical, Gustavo López, ex director del Comfer durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Entonces, los radicales decidieron ponerse del lado de los oligopolios mediáticos. Aunque esto no resulta sorprendente, ya que la UCR, la Coalición Cívica y Unión- Pro son la cabal expresión del establishment. Representan los intereses de los sectores dominantes, y tienen las clásicas posturas reaccionarias, retrógradas, anti- progreso. Es decir, boicotean todas las medidas tendientes a ampliar y profundizar la democracia. Y ya que van a rechazar , esta ley- después de entorpecer la discusión y malversar la importancia del debate que debe darse la sociedad civil acerca de cómo debe informarse y desde dónde se informa y comunica- por qué no nos quedamos con la norma actual, estamos en armonía con el Poder Económico que determina nuestra vida sociocultural, y de paso, para ser consecuentes llamamos de vuelta a los milicos para que nos gobiernen. Si nuestro sistema comunicacional está regido por un ordenamiento de los genocidas, entonces que retornen ellos a comandarnos así queda todo sintonizado, en red. La política económica, los medios comunicacionales, el sistema financiero, el "Campo", las empresas de servicios públicos privatizadas, todo acorde al orden de los dictadores. No más discenso, sino consenso. Sin conflictos: paz y administración.
Tiene razón el cumpa Miguelito Bonasso, quien parece que también va a votar en contra de la ley de medios audiovisuales, está mal que el Poder Ejecutivo sea quien controle el funcionamiento de los medios, quien regule. Esto lo debería hacer un ente autárquico como las universidades nacionales públicas, específicamente las carreras de Comunicación Social y Periodismo. Este sería un organismo neutral no condicionado por los gobernantes de turno. Lástima que Bonasso, ahora tan amigo de los gurúes de la corporación mediática, condene esta nueva reglamentación por el sólo hecho de que no le caen bien los Kirchner.
Con la exclusión de la empresas telefónicas parecería ser que los progresistas de Proyecto Sur acompañarían al oficialismo, siempre y cuando no encuentren una coma o un punto de más o de menos que no les guste de la ley. Las veleidades personales pesan más hoy en día que las convicciones que hacen a un proyecto de país, comunidad.
Necesitamos imperiosamente de un nuevo sistema de medios de comunicación afín a los tiempos democráticos, con activa participación ciudadana. Si fuera simplemente una ley contra el monopolio Clarín, este debate no tendría sentido, pues ya con la actual el Gobierno puede intervenir a la "empresita" de Ernestina Noble, quitarle las licencias a los grupos.
Veremos como se resolverá la maratónica sesión en la Cámara Baja. Así sabremos si nuestros legisladores están en condiciones de seguir ejerciendo sus funciones en democracia. Esperemos que después de la votación no tengamos que estar pidiendo la vuelta de Videla, Massera y sus amigotes.
Por Mauro Reynaldi
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