El Poder Ejecutivo Nacional cedió por unos días su exclusivo rol protagónico al Congreso. Es bien sabido, ya desde Bernardino Rivadavia a la fecha, que en nuestro país impera un régimen presidencialista. Pretender que el parlamentarismo a la inglesa sea la nueva forma de gobierno es una ilusión que no tiene ningún tipo de cabida en nuestra cultura política.
Ahora les toca a los legisladores deliberar y discutir sobre qué hacer con las retenciones móviles que se les está aplicando al sector agropecuario. Diputados y senadores tendrán sus tan ansiados quince minutos de fama, empero con los ruralistas respirándoles en la nuca y oficiando del Gran Hermano. Después del debate en el recinto y la aprobación o anulación de la ley la última palabra quedará en manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y entonces sabremos si tendremos que seguir soportando el lockout patronal o avanzaremos en otras cuestiones que han sido obviadas durante los ulteriores meses.
Sin embargo, si queremos hablar en serio de un nuevo modelo de país: ¿Está bien que los recursos naturales sigan siendo propiedad privada cuando en países vecinos como Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela esto no pasa, ellos sí cuidan sus riquezas?, ¿está bien que todavía brille por su ausencia un plan integral que abarque al sector agrario pero también a la industria, la ciencia, la tecnología y la educación?, en sintonía con esto ¿no se deberían revisar también los contratos de las empresas de servicios públicos privatizadas y discutir seriamente una apertura democratizadora de afiliación sindical para terminar con el unicato como pide la Central de Trabajadores del Estado?
Para hablar claramente y sin rodeos de un proyecto de Nación perdurable en tiempo y espacio es imprescindible recuperar el papel del Estado como organizador de la economía y regulador del mercado. Nos referimos a un Estado democrático y popular, con sus tres poderes funcionando de manera independiente, siempre con el Ejecutivo a la cabeza gobernando en pos del bien público sin someterse a los intereses sectoriales. Como el gobierno no es el Estado, hay que superar el cortoplacismo y pensar en políticas estructurales que contemplen conjuntamente la posibilidad de un desarrollo sostenido en materia agropecuaria, científica, cultural, educacional, financiera e industrial, que trasciendan a quienes detentan momentáneamente la jefatura de la Nación. La democracia debe ser la forma gubernamental que nos permita plantear y debatir, empero también planificar, qué país queremos. Ya a esta altura de los acontecimientos, con tanta leche derramada, no concita realmente mucha importancia lo que finalicen votando los congresales. A la presidenta le corresponde calzarse el traje de estadista y hacer cumplir su legítima autoridad soberana para destrabar el conflicto agravio. Sólo con las retenciones al sector rural no alcanza para terminar con el modelo neoliberal y pasar a otro productivista, desarrollista, de inclusión y justicia social. El campo no es todo para bien ni para mal. Si en verdad queremos borrar las secuelas que dejaron el último golpe militar y la década infame menemista, deberemos ir a un proceso más participativo donde lo público esté por encima de los privilegios de las elites dominantes.
Por Mauro Reynaldi.
miércoles, 25 de junio de 2008
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