Traspapelados

El enfrentamiento entre el Gobierno y los grupos empresariales Clarín y La Nación por Papel Prensa ha puesto en el tapete la discusión que faltaba dar, tratada ya la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual restaba dar el debate acerca de los medios gráficos. Ahora la cuestión es democratizar el acceso al papel, es decir, la materia prima para diseñar diarios y revistas, la cual está concentrada en estas dos grandes empresas, que gracias a esto controlan la comercialización y el precio de los insumos. El Estado hasta aquí ha hecho la vista gorda en los negociados que llevan adelante estos dos periódicos que hegemonizan el mercado de la gráfica, y son los que marcan la agenda política ya que son las más influyentes. El "oficialista" Página 12 no les llega ni a los talones a estos matutinos, tampoco el "popular" Crónica, que antes de que la familia Graiver les vendiera la empresa a Magnetto, la viuda de Noble y los herederos de Mitre, tenía el doble de tirada que Clarín (700 mil ejemplares contra 350 mil).

La actual confrontación entre el kirchnerismo y el monopolio está enrarecida, pues la venta de la empresa pastera fue hecha en plena dictadura militar comandada por el general Jorge Rafael Videla. En los años más sangrientos del proceso genocida se efectuó esta operación que le permitiría a Clarín pasar de ser un simple diario a transformarse en uno de los medios de comunicación dominante, llegándose a consolidar merced a las concesiones del menemismo a principios de la década de 1990, época dorada del neoliberalismo.

Sin embargo, lo más llamativo de esta pugna entre el Gobierno y el máximo representante de la corporación mediática es que quienes aparecen como víctimas de esta transacción, como los damnificados, no se ponen de acuerdo entre sí, uno Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia, la viuda del ex dueño de Papel Prensa, David Graiver, dice que ella fue torturada y obligada a vender la empresa, mientras que Julio Strassera, ex fiscal a cargo del juicio contra las juntas militares, cuenta que ella no dijo nada sobre el tema durante el proceso judicial a los represores. En la misma dirección se expresaron el hermano y la hija de Graiver. Entonces, excepto el periodista Osvaldo Papaleo y su aparente esquizofrénica hermana, Lidia, no hubo delito de Lesa Humanidad, se trató sólo de un negocio entre empresarios. Si realmente estamos hablando de un acto de violación de los Derechos es entonces un tema muy grave, pero solamente resolver la Justicia haciendo justicia, no dejándola en manos de los medios.

El Poder Judicial es, como bien lo propuso la Presidenta Cristina Fernández, quien tiene que tomar cartas en el asunto, su deber es investigar y resolver el problema. Esto no es incumbencia de la prensa oficialista ni tampoco de la opositora, es meramente una cuestión judicial. Lo que sí debe ser de interés público y tratado por el conjunto de la sociedad argentina es la propiedad de Papel Prensa, ¿estamos de acuerdo en que no haya legislación sobre el periodismo gráfico? ¿en que éste siga estando al servicio de los grandes grupos económicos? Estas son las preguntas que corresponde que nos hagamos si queremos un país más justo y democrático. No puede ser que dos empresas aliadas, que actúan como factores de poder, concentren y manejen la producción papelera en perjuicio de los demás medios gráficos. Nuevamente, lo que está en juego no es que gane el Gobierno o Clarín, sino la libre producción y circulación de la información, tanto audiovisual como gráficamente.

En este culebrón entre el Poder Ejecutivo de la Nación, las empresas mediáticas, y los Graiver, este escriba se encuentra desorientado, pues cree que no se trata de encarcelar a Magnetto no de dejar las cosas cómo están. Lo que corresponde es, como expresaba más arriba, que actúe el Poder Judicial, que investigue a la empresa Papel Prensa, la cual además de estar monopolizada por Clarín y La Nación, sabemos que sus plantas contaminan, seguramente más que la tan polémica Botnia, de la cual todavía no se comprobó nada.

Por Mauro Reynaldi