A partir de la excelente noticia de ayer sobre el ingreso la semana que viene a la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de la Confederación General del Trabajo (CGT) sobre la incorporación de los trabajadores a la distribución de las ganancias de las empresas, se vuelve a plantear la gran disputa por el modelo socieconómico, tal como ocurriera durante el conflictivo debate por la Resolución 125 (la movilidad en el monto de los derechos de exportación del sector agropecuario) hace dos años y medio atrás. Así, lo estructural se impone por encima de lo coyuntural. Y esto hace a la buena salud de la sociedad.
Como era de suponerse el establishment, a través de el titular de la Unión Industrial Argnetina (UIA), Héctor Méndez, puso el grito en cielo y salió tajantemente a openerse, tildando de comunista a esta iniciativa llevada adelante por el legislador por el Frente Para la Victoria (FPV), el abogado laboralista Héctor Recalde.
De este modo, nuevamente aparece en la discusión central de la política argentina qué modelo de país queremos: ¿aquel del derroche del neoliberalismo que dejó pobreza y exclusión por doquier o éste que comanda el Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández, que se está caracterizando por colocar en el tapete el tema de la injusticia social para resolverlo democráticamente? Es una pregunta que no debemos dejar de hacernos quienes queremos democratizar la democracia, tal como propone Proyecto Sur, advirtiendo que por más que el kirchnerismo está tomando medidas a favor de mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, aún el drama de la marginación sigue vigente ya que quedaron graves secuelas del tsunami neoliberal de los años 90'. No en vano, repetimos que nuestros recursos naturales continúan privatizados. Y como decimos, a la actual gestión gubernamental la podemos analizar haciendo reparos, pero sin cansarnos de señalar que en estos casi veintisiete años de democracia es la que más encaminada está en la dirección en concretar el bienestar general de la nación (mal que les pese a quienes integran la coalición socialdemócrata que pretende encabezar Fernando "Pino" Solanas junto al Socialismo, GEN, juecismo y Libres del Sur, entre otros).
No caben dudas de que estamos ante un nuevo avance del Gobierno hacia la ampliación de la justa distribución de las riquezas. Este proyecto de aprobarse primero en Diputados y luego en Senadores, propiciará el mejoramiento de la clase trabajadora (cuyo quehacer cotidiano engrandece a la patria) en el sentido de que ésta será arte y parte de su producción. Gozará de los beneficios que le corresponde según la Constitución Nacional en el artículo 14 bis.
Por otra parte, no llama la atención que la UIA al igual que la Sociedad Rural y Mariano Grondona (quien considera a los estudiantes de las escuelas secundarias "tomadas" en Capital Federal como potenciales guerrilleros trostkistas-leninistas) se hayan quedado estancados en la última dictadura cívico-militar y vean "zurdos" por todos lados. Su discurso macartista, propio de la Guerra Fría, sintoniza acordemente con su praxis política reaccionaria. Queda bien en claro que carecemos de una burguesía nacional, la nuestra es por definición vendepatria.
Es aplaudible y muy saludable que se arme el debate en torno a este nuevo proyecto de la CGT, el cual esperemos que se trate debidamente. Seguramente formará parte de la batalla comunicacional que está librando la corporación mediática contra el Poder Ejecutivo. Aunque, esperemos que este cápitulo tenga un final distinto al de la embestida gauchócrata del 2008. Para esto, el kirchnerismo debe profundizar su relato popular, ganar primero en el terreno comunicacional, para vencer la resistencia oligárquica que está presentando el sector industrial.
Siguiendo este razonamiento, habrá que ver cómo se pronuncian nuestro querido Pino y sus compañeros de la CENTROizquierda. ¿Serán tan coherentes y convincentes como en la votación parlamentaria por la 125?
Por el momento hay que esperar hasta dentro de siete días, cuando el proyecto entre en el Congreso y sea debatido por la Cámara Baja. Desde ya, demás está decirlo que va toparse con la negación de la mayoría del arco opositor, pero el solo hecho de que sea tratado es un enorme progreso para la democratización de la economía argentina.
Sin embargo, más allá de que prospere este proyecto, es decir, que se convierta en ley la participación de los trabajadores en el reparto de las ganancias que obtienen las empresas donde trabajan, lo importante es saber cómo se manifestarán los sectores beneficiados: ¿las clases trabajadoras defenderán su propio interés o se pondrán del lado de las clases que las explotan, tal como sucedió con gran parte de los sectores populares durante el lockout patronal de las corporaciones agropecuarias? Esta es la cuestión más importante.
Por Mauro Reynaldi
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