Presentación pública de la CARTA ABIERTA elaborada por hombres y mujeres de la educación, la cultura y las ciencias de la Provincia de Santa Fe

POR UNA DEMOCRACIA EFECTIVA PLASMADA EN LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Una perniciosa confusión se suscita cuando desmadrados reclamos corporativos impugnan legítimas decisiones del Estado, pensado como espacio integrador de un sinnúmero de intereses diversos. Los salvajes cortes de ruta que padecimos en estos últimos meses son la versión más grave de una tendencia conocida. Aferrarse a una demanda propia en demérito del destino colectivo, el de trabajadores, pequeños y medianos empresarios, comerciantes, desocupados, jubilados, excluidos, etc.- que fueron usados como medios en la extorsión a la que se somete al gobierno nacional.

La decisión de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de afectar una porción de la renta extraordinaria -que hoy recibe la producción agraria gracias a un contexto internacional imprevistamente favorable- como forma de administrar los precios internos, diversificar la estructura productiva y fortalecer el gasto social sólo puede impugnarse desde la visión sesgada y egoísta de un sector que no discute lo que gana (que es significativo) sino lo que podría ganar, en tanto y en cuanto todo indica que la demanda agregada de China e India, así como el negocio de los biocombustibles y la inversión especulativa en ‘commodities’, llegaron para quedarse. Gravar una renta extraordinaria obtenida de la explotación de recursos naturales no renovables que, como el suelo se desgasta, bajo la exclusiva lógica del lucro, comprometiendo las posibilidades alimentarias de las futuras generaciones de argentinos, es necesario, pero insuficiente.

Ciertamente la política agropecuaria del gobierno nacional ha sido hasta aquí deficiente. El avance de la sojización y los pools de siembra fue tolerado inexplicablemente y a condiciones macroeconómicas exitosas debieron incorporársele acciones sectoriales apuntadas por ejemplo a sostener tambos. De igual forma otras rentas extraordinarias deben afectarse si se aspira a profundizar la distribución del ingreso. La explotación de otros recursos naturales como minería e hidrocarburos, debieran también hacer su contribución a la equidad social y la integración nacional. En esa misma dirección consideramos igualmente indispensable modificar un sistema tributario regresivo, sustituyéndolo por otro que grave menos al consumo y al trabajo y más a la actividad financiera según el principio ‘el que más gana, más paga’ como es en los países desarrollados del mundo.

Es obvio que cualquier sector de la vida nacional tiene el derecho de peticionar o impugnar, sometiendo su reclamo a consideración de la autoridad política. Lo que resulta intolerable es la virulenta intransigencia que deslegitima tácitamente la institucionalidad vigente y toma de rehén al conjunto de los argentinos.

Un párrafo aparte merece, en este conflicto, la situación de los trabajadores, formales e informales, activos o jubilados, víctimas propiciatorias de las medidas tomadas por estos sectores. Al compás de las cacerolas de una clase media consumista, el aumento de precios de alimentos y otros artículos de primera necesidad achicó nuestro salario y asistimos por primera vez desde el 2002 al retorno de las suspensiones de obreros industriales (de frigoríficos o automotrices) y empleados ( de estaciones de servicios o choferes).

Hasta que este conflicto se desató, los trabajadores estábamos discutiendo salarios contra inflación, reclamando por el blanqueo de quienes estaban en negro y de los montos salariales en negro. Reclamábamos por la movilidad de las jubilaciones y su actualización. Pero alguna vez los trabajadores, en nuestras luchas, hemos sometido al conjunto de la ciudadanía a tamaña penuria?

En el marco de este conflicto también se puede apreciar una disputa de la que participan además intereses del orden de las representaciones. Esta es también una “pulseada” por el lenguaje, donde una ética de la participación social se plantea la recuperación de la palabra pública, apropiada por los medios en una pragmática de la descalificación. Ese relato único del medio aparece como el lugar en que gran parte de los espectadores encuentra una modalidad de construcción de la verdad, creyendo que es la propia verdad.

En la producción del discurso de los medios, el énfasis en el “directo televisivo” y la predominancia de un relato único, construyen una ilusión referencial y de transparencia. Y sobre esa supuesta objetividad una parte de los espectadores, elige construir un verosímil por medio de la apropiación de ese relato televisivo, desde el cual enuncia su verdad.

No se puede negar, además, en relación con la propiedad y el negocio de los medios, que Argentina tiene que definir un estándar para su televisión abierta. Los medios, que en algunas circunstancias funcionaron como escenario de demandas sociales, en esta oportunidad se mostraron como parte interesada de una exigencia sectorial. Que el grupo Clarín, en particular, ejerza presiones para que se instale en el país la norma estadounidense para la digitalización y procure desactivar algunas propuestas contenidas en el proyecto de legislación sobre medios permite comprender mejor su participación en el conflicto.

Parece evidente entonces que la acción gubernamental no es repudiada por sus falencias sino por sus avances, que aún en sus insuficiencias corresponde ahora acompañar. En esta dirección, resulta manifiesto que bajo el manto de las retenciones móviles se cobijan ánimos revanchistas de la peor derecha que nunca toleró su decisión de juzgar a los genocidas de la última dictadura militar o la posición internacional autónoma del gobierno. En el contexto de una política continental que busca jaquear a quienes impugnan el ALCA en favor de la conformación de un bloque regional independiente, la reciente situación de nuestro país pone de relieve un aspecto que no es exclusivamente doméstico.

Dicho esto, señalemos que las medidas tan resistidas deben ser entonces complementadas y no combatidas, por cuanto bosquejan un camino correcto. Por todo lo expuesto hasta aquí, alentamos las posiciones que en el Congreso de la Nación sostienen el proyecto de ley que convalida las retenciones móviles así como otros proyectos de ley que se encaminan al logro de verdadera democracia sustantiva.

La Nación y la Provincia somos todos: vive en el campo y en la industria; en los conurbanos de las grandes ciudades y en la ciudadanía toda; en los hombres y mujeres del Pueblo que aún esperan las reparaciones que merecen y en la Constitución que expresa y resguarda la Soberanía Popular, que es imprescindible respetar para construír un país dónde la igualdad y la Justicia sean moneda corriente. Así debe crecer Santa Fe, en defensa de la redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades.-

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