A dos días de la votación en el Senado de la Nación por el si o por el no de las retenciones móviles a la actividad agropecuaria donde el resultado definirá cuál es el alcance de la intervención estatal en la regulación de la economía, hasta dónde se puede avanzar en la distribución del ingreso.
La proliferación en la esfera pública de ciertas voces que transitan por los senderos de un oscurantismo propio de la era medieval, hace pensar que realmente existe la intención de volver a la supremacía del libre mercado, o sea, regresar a las épocas en que un puñado de empresarios conducía el destino de la sociedad toda y el Estado hacía la vista gorda. Y esto no sólo habita en el discurso sino también en las acciones emprendidas por grupos patoteriles.
La democracia, pero específicamente la política en esencia, es un territorio plagado por conflictos, debates, pugnas, donde se define la forma de poder que regirá en la sociedad civil. Y en la vida democrática es intolerable que se produzcan atropellos a la integridad física de los individuos. Los recientes escraches de miembros del movimiento filosojista a legisladores del Frente para la Victoria, por haber ratificado en la Cámara de Diputados la resolución 125 que establece los Derechos de exportación móviles a la soja, el trigo, el maíz y el girasol, se ha convertido en una práctica frecuente de quienes no aceptan las reglas de convivencia en una comunidad civilizada. Su belicosidad nos remite a la polaridad nosotros- ellos que tanto pregona la gestión de George W. Bush.
Empero, más allá de estos actos vandálicos, como escribió este último sábado en Página 12 el filósofo Ricardo Forster, “La paradoja de lo acontecido en estos meses arduos y difíciles es que un sector dominado por una lógica de mercado, profundamente atravesado por la lengua de la rentabilidad, haya abierto las compuertas de un debate político indispensable a la hora de sincerar proyectos antagónicos de país”. Ese sinceramiento permite que hablemos no sólo de medidas gubernamentales puntuales a un sector de la economía, sino traspasar las fronteras del pensamiento único que vistió la cultura posmoderna y discutir un plan de gobierno que abarque a todos los actores dinámicos de la sociedad poniendo sobre la superficie el debate (y combate) en torno a la concentración de riquezas en muy pocas manos, la exclusión social y la pobreza que aún siguen vigentes con cifras alarmantes. Las cuestiones de fondo, en términos marxistas diríamos estructurales, aún no han sido resueltas. Un gran número de ciudadanos continúa sin empleo y en condiciones de vida paupérrimas producto de la gran desigualdad en la generación y acceso a la distribución de bienes. Falta una reforma tributaria que afecte seriamente a los que más tienen para repartir equitativamente al conjunto de la población. Eso que llaman campo es una parte del problema, no todo. Los salarios de los trabajadores (ni hablar de los desocupados que cobran el subsidio del Plan Jefa y Jefe de Hogares) tanto del ámbito público como del privado están desactualizados en relación al aumento de precios a causa de la suba en los índices de inflación, que la conducción del Indec se encarga de tergiversar. Todavía falta muchísimo para llegar a algo que se asemeje a un Estado de bienestar e inclusión social. La retórica nacional y popular del gobierno comandado por Cristina Fernández se enfrenta a la decisión (esperemos que sea final, que no haya alargue y penales) que tomen los senadores con su voto el día miércoles. Si sale la afirmativa, el gobierno nacional habrá dado un paso muy importante, a pesar de haber cedido varias veces desde que anunció el carácter de móvil de las retenciones al agro, y hasta trascendental visto el desgastamiento que provocó la crisis con un segmento de la vida rural. También dejará con poco margen de acción al lobbista De Angeli y a sus secuaces de las cámaras empresariales agrarias. En cambio, si los legisladores de la Cámara Alta optan por la negativa, entonces habremos retrocedido varios casilleros en el tablero de la política económica que otorga un papel central al Estado como garante de la justicia social.
Esperemos que en el segundo tiempo del partido que planifico el Poder Ejecutivo y comenzaron a jugar los diputados, prevalezca el fair play y los senadores no metan goles con la mano. Lo más viable para el buen funcionamiento institucional es que los actores en litigio respeten la elección de la mayoría, acatando la determinación del Poder Legislativo y, por ende, nos eviten la sufrida instancia de los doce pasos (la Corte Suprema de Justicia), donde no siempre triunfa el que mejor se desempeñó.
Por Mauro Reynaldi
La proliferación en la esfera pública de ciertas voces que transitan por los senderos de un oscurantismo propio de la era medieval, hace pensar que realmente existe la intención de volver a la supremacía del libre mercado, o sea, regresar a las épocas en que un puñado de empresarios conducía el destino de la sociedad toda y el Estado hacía la vista gorda. Y esto no sólo habita en el discurso sino también en las acciones emprendidas por grupos patoteriles.
La democracia, pero específicamente la política en esencia, es un territorio plagado por conflictos, debates, pugnas, donde se define la forma de poder que regirá en la sociedad civil. Y en la vida democrática es intolerable que se produzcan atropellos a la integridad física de los individuos. Los recientes escraches de miembros del movimiento filosojista a legisladores del Frente para la Victoria, por haber ratificado en la Cámara de Diputados la resolución 125 que establece los Derechos de exportación móviles a la soja, el trigo, el maíz y el girasol, se ha convertido en una práctica frecuente de quienes no aceptan las reglas de convivencia en una comunidad civilizada. Su belicosidad nos remite a la polaridad nosotros- ellos que tanto pregona la gestión de George W. Bush.
Empero, más allá de estos actos vandálicos, como escribió este último sábado en Página 12 el filósofo Ricardo Forster, “La paradoja de lo acontecido en estos meses arduos y difíciles es que un sector dominado por una lógica de mercado, profundamente atravesado por la lengua de la rentabilidad, haya abierto las compuertas de un debate político indispensable a la hora de sincerar proyectos antagónicos de país”. Ese sinceramiento permite que hablemos no sólo de medidas gubernamentales puntuales a un sector de la economía, sino traspasar las fronteras del pensamiento único que vistió la cultura posmoderna y discutir un plan de gobierno que abarque a todos los actores dinámicos de la sociedad poniendo sobre la superficie el debate (y combate) en torno a la concentración de riquezas en muy pocas manos, la exclusión social y la pobreza que aún siguen vigentes con cifras alarmantes. Las cuestiones de fondo, en términos marxistas diríamos estructurales, aún no han sido resueltas. Un gran número de ciudadanos continúa sin empleo y en condiciones de vida paupérrimas producto de la gran desigualdad en la generación y acceso a la distribución de bienes. Falta una reforma tributaria que afecte seriamente a los que más tienen para repartir equitativamente al conjunto de la población. Eso que llaman campo es una parte del problema, no todo. Los salarios de los trabajadores (ni hablar de los desocupados que cobran el subsidio del Plan Jefa y Jefe de Hogares) tanto del ámbito público como del privado están desactualizados en relación al aumento de precios a causa de la suba en los índices de inflación, que la conducción del Indec se encarga de tergiversar. Todavía falta muchísimo para llegar a algo que se asemeje a un Estado de bienestar e inclusión social. La retórica nacional y popular del gobierno comandado por Cristina Fernández se enfrenta a la decisión (esperemos que sea final, que no haya alargue y penales) que tomen los senadores con su voto el día miércoles. Si sale la afirmativa, el gobierno nacional habrá dado un paso muy importante, a pesar de haber cedido varias veces desde que anunció el carácter de móvil de las retenciones al agro, y hasta trascendental visto el desgastamiento que provocó la crisis con un segmento de la vida rural. También dejará con poco margen de acción al lobbista De Angeli y a sus secuaces de las cámaras empresariales agrarias. En cambio, si los legisladores de la Cámara Alta optan por la negativa, entonces habremos retrocedido varios casilleros en el tablero de la política económica que otorga un papel central al Estado como garante de la justicia social.
Esperemos que en el segundo tiempo del partido que planifico el Poder Ejecutivo y comenzaron a jugar los diputados, prevalezca el fair play y los senadores no metan goles con la mano. Lo más viable para el buen funcionamiento institucional es que los actores en litigio respeten la elección de la mayoría, acatando la determinación del Poder Legislativo y, por ende, nos eviten la sufrida instancia de los doce pasos (la Corte Suprema de Justicia), donde no siempre triunfa el que mejor se desempeñó.
Por Mauro Reynaldi
Licenciado en Comunicación Social de la UNR
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