Otras voces

Atacar los símbolos populares ¿es un acto de violencia? ¿De más o menos violencia que desabastecer, impedir durante meses el libre tránsito por las rutas nacionales, desautorizar al gobierno elegido democráticamente? ¿Alguna similitud con los agravios de fuerte contenido machista y racista, que en medio del salvaje lock-out patronal agrario y la embestida desestabilizadora agro-mediática fueran proferidos contra la presidenta y los sectores que le brindan su apoyo?

Quienes hace pocos días pintaron de negro el busto de Evita no soportan la democracia y lo manifiestan con un acto que hunde sus raíces en las páginas más negras de nuestra historia, afiliados a una tradición oligárquica y despótica que no resigna fácilmente sus privilegios. La misma que sigue sosteniendo que “la iglesia”, “el ejército” y “el campo” son las instituciones que forjaron el país. (El país agroexportador e importador de manufacturas –cabe agregar- cuyo brazo armado irrumpió ‘religiosamente’ en la escena nacional, hasta hace un cuarto de siglo, toda vez que la vía ‘democrática’ no les garantizaba el resguardo de sus intereses). Este núcleo duro es el que subyace y emerge ante cada intento de avanzar hacia una sociedad más justa, rezumando un odio elitista que reenvía a un pasado de horror. Viejas y nuevas derechas, poderes conservadores reactivos a los cambios políticos y con fuerte vocación destituyente.

Siete años transcurrieron desde las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, que conmovieron profundamente los cimientos de la lógica neoliberal imperante, al par que cuestionaron un sistema de representaciones que se había deslegitimado, al vaciarse de los contenidos políticos partidarios que le habían dado sentido en el pasado. Un país largamente silenciado ganaba las calles: la represión entonces desatada se cobró 31 muertes, que aún reclaman esclarecimiento y justicia.

Desde 2003 las políticas gubernamentales incluyeron un debate que involucra a la historia, y habilita el cuestionamiento de la trama discursiva que sostuvo la impunidad de los represores de la dictadura y la eficacia devastadora de las políticas neoliberales. Correlato indispensable del rumbo político transformador que con aciertos y errores se viene transitando. La virulencia del conflicto con las corporaciones agrarias y los alineamientos de sectores que se produjeron en torno a esa controversia, que marcó fuertemente el primer año de gobierno de Cristina Fernández, pusieron de manifiesto, entre otras cosas, las insuficiencias de los dispositivos puestos en juego por el gobierno para desplegar a fondo este debate con la multiplicidad de los interlocutores sociales y muy especialmente con las mayorías populares, que son su base más genuina de sustentación, y son indicadores de cuánto falta hacer todavía en ese terreno. Pero muestran también el rostro endurecido del poder cuando los gobiernos no se le someten ni claudican.

Potenciar y protagonizar esta vuelta a la reflexión política incluye interrogar nuestras instituciones, reformular el papel del Estado como herramienta soberana de intervención en la lucha de intereses sociales, frente a los poderes económicos altamente concentrados, encaramados en los aparatos de enunciación mass-mediáticos, erradicar la aún vigente ley de radiodifusión de la dictadura, que les permite a éstos apropiarse de los medios de comunicación y construir cotidianamente relatos sesgados sobre la “realidad” del país, en busca de alineamientos irreflexivos y automáticos de los lectores-espectadores. Hay que rediscutir dimensiones tales como la justicia, la igualdad, la construcción democrática, la distribución de la riqueza, las disputas alrededor de lo simbólico. Para lo cual resulta imprescindible movilizar todo nuestros recursos culturales y sociales, ligando los mundos intelectuales, científicos y artísticos a la gestación de las políticas nacionales.

Los intelectuales, artistas, educadores, periodistas, investigadores, hombres y mujeres de la cultura, que confluimos en cada uno de los espacios Carta Abierta surgidos primero en Buenos Aires y luego en distintos puntos de nuestro país, somos conscientes de la importancia que han cobrado estos espacios plurales que nos reúnen y nos permiten encontrarnos, debatir, reflexionar con lucidez acerca de las complejas vicisitudes políticas que atravesamos los argentinos y también nuestros hermanos latinoamericanos. Al actuar colectivamente, podemos ejercer nuestro apoyo crítico al proceso político en marcha, cuyas líneas generales reivindicamos, sin perder autonomía, ni disimular o achatar nuestras propias diferencias, buscando aportar ideas e iniciativas concretas al gobierno democrático, y señalando con firmeza las cuestiones que consideramos erróneas. Carta Abierta Santa Fe viene trabajando desde el mes de julio en esa dirección, convencidos de que hay que abroquelarse frente a los intereses que procuran erosionar la legitimidad del gobierno, malograr el rumbo emprendido y forzar a una derechización programática.

Culmina un año intenso, difícil, contradictorio, en medio de la crisis financiera desatada en la principal economía del planeta, cuyos efectos - pese a los resguardos que desde el gobierno nacional se vienen tomando- han comenzado a sentirse en nuestro país y amenazan afectar el crecimiento, los niveles de empleo y los ingresos populares. Un balance de lo acontecido nos muestra una Argentina que ha dado algunos pasos fundamentales y sigue en deuda con algunas cuestiones estratégicas impostergables.

La vivencia del clima golpista, la alevosa deslegitimación de los poderes constitucionales y el revanchismo agresivo desplegado en las pantallas y en las rutas por la Sociedad Rural y sus socios, paradójicamente activó memorias de episodios imborrables, y despertó muchas conciencias adormecidas, provocando como saldo positivo un reverdecimiento del flujo político participativo, al que se sumaron importante cantidad de jóvenes recién asomados a la escena pública-política, al recobrar ésta la profundidad reflexiva inherente a la confrontación de ideas e ideales que subtienden los diferentes modelos de país en pugna.

Un mérito del gobierno, nada menor, ha sido el sostenimiento de sus convicciones políticas y democráticas durante el conflicto con las patronales campestres y su capacidad de retomar la iniciativa tras cien días de bloqueo y desabastecimiento y pese a haber sufrido una dura derrota parlamentaria. Aunque una grieta profunda surca la fórmula elegida en las urnas hace un año, desde que el vicepresidente Cobos, burlando los más elementales códigos ético-institucionales, ejerce la oposición desde el seno mismo del gobierno.

Mientras el Congreso de la Nación recobró el lugar que le corresponde como escenario privilegiado para la discusión de los grandes temas nacionales, el Poder Judicial, con una Corte Suprema intachable, sigue sin embargo acarreado inaceptables rémoras, que muchas veces entorpecen el ejercicio del derecho y disminuyen la calidad institucional. Cuestión que redobla su importancia en momentos en que están llegando a la instancia de juicio oral muchas causas que procuran el postergado enjuiciamiento de los culpables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura genocida. Tanto a nivel nacional como en nuestra provincia, donde esperamos que cuente con el voto favorable del Senado la iniciativa legislativa ya aprobada en Diputados , que impide ejercer las función pública a quienes hayan tenido participación en la dictadura. Tanto la política de DDHH como la política exterior soberana, de unidad con los pueblos latinoamericanos, son pilares irrenunciables que apoyamos con energía.

Numerosas medidas tomó en los últimos meses el gobierno nacional y fueron refrendadas por el congreso. La expropiación de Aerolíneas Argentinas y la decisión política de poner fin a las AFJP y retornar a un sistema previsional solidario único, dependiente del Estado, articulada con la recientemente sancionada ley de movilidad previsional son dos de las más importantes en el camino de desandar los estragos neoliberales. No nos alegra, en cambio, el veto presidencial por cuestiones “técnicas” de la ley de glaciares, aprobada por unanimidad en ambas cámaras, que sospechamos muestra la influencia de los intereses sectoriales relacionados con las concesiones mineras y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Volvemos a señalar que permanecen intocadas rentas extraordinarias y que está pendiente una reforma tributaria que afirme las políticas redistributiva.

Como dijimos en nuestro documento del Encuentro Nacional de los espacios CA en Rosario, seguiremos poniendo nuestra capacidad de reflexión crítica y nuestra potencia creadora para evitar que el proceso político iniciado en el 2003, tan jaqueado en estos tiempos por los sectores más reaccionarios, sea interrumpido, neutralizado o vaciado de contenido.

Y en ese sentido, creemos indispensable recuperar la política como asunto de todos, único modo de vigorizar las instituciones, renovar la vida colectiva, y apuntar a una mayor justicia social, condición esencial de la democracia. Ante las acechanzas que se ciernen, es fundamental movilizar los recursos culturales y sociales capaces de brindar un sólido andamiaje a las medidas con las que el gobierno busca sacar a nuestro país del pantano neoliberal en el que estaba hundido.

Rosario, 18 de diciembre de 2008.-
(Documento Diciembre 2008 Carta Abierta Santa Fe)