martes, 24 de noviembre de 2009

Carta abierta a Marcelo Tinelli, Susana Gimenez y Mirta Legrand con copia a Daniel Scioli

Me dirijo a ustedes, a raíz de las declaraciones que formularon en los últimos días, con la intención de compartir una reflexión y, si fuera posible, una propuesta que tienda a resolver los problemas sociales que nos aquejan.

Cuando se expresaron con indignación por la saña y violencia de la que habían sido víctimas personas de renombre, profesionales o comerciantes, compartí con ustedes el dolor de esas familias como muchos de sus televidentes. Uno tiende a mirarse en esos espejos y se estremece poniéndose en el lugar de esos involuntarios protagonistas.

Además, existen muchísimos otros casos de violencia y delincuencia que rara vez adquieren relevancia. Cuando los afectados son humildes trabajadores que sufren el robo de sus quincenas o alguna de sus pertenencias (con el drama que conlleva esa pérdida), cuando son maltratados por patotas, violan a sus hijas, ven como sus hijos o los de sus vecinos se introducen en el submundo de las adicciones sin contar con una mínima ayuda o prevención, no sólo no tienen trascendencia, sino que muchas veces tienen que sobrellevar doblemente su rol de víctimas, ya que al denunciar el perjuicio sufrido su simple apariencia los convierte en sospechosos. Entonces, el problema de la inseguridad tiene una dimensión mayor del que la espectacularidad mediática brinda habitualmente.

Sus llamados a la “mano dura” y el reclamo excluyente de soluciones represivas no parece ser el camino adecuado. El “ojo por ojo y el diente por diente”, que inducen los textos bíblicos, son propios de épocas cuando imperaba la ley del más fuerte y lo visceral era más potente que lo racional. A esta altura de la evolución de la humanidad no debería recurrirse a semejantes metodologías, porque la sociedad cuenta con recursos, especialistas y profesionales capacitados para hacer un diagnóstico adecuado, generar un intenso debate y determinar las estrategias más convenientes para recuperar estándares de vida dignos. Entonces si esas posibilidades existen, ¿por qué reducir las soluciones al típico reclamo de una sociedad primitiva que lejos de permitir entender y resolver la cuestión nos lleva inevitablemente a un mayor embrutecimiento colectivo?

Ustedes se preguntarán, como casi toda la ciudadanía, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué razón este fenómeno de violencia nos está martirizando como sociedad de manera creciente en las últimas dos décadas, cuando anteriormente era excepcional? ¿Qué fenómeno disparó esta involución? De las respuestas que surjan dependerán las medidas que se deban reclamar para que esos padecimientos comiencen a encontrar soluciones.

Seguramente, el éxito que han logrado en sus respectivas carreras tiene que ver con sus cualidades comunicativas, con ese mecanismo aceitado que les permite alcanzar un alto nivel de empatía con el público. Cuentan con una capacidad enorme para encontrar las palabras justas que su millonaria teleaudiencia espera escuchar, saben expresar sus ideas con razonamientos simples que rápidamente son popularizados y aceptados por las mayorías. Es una enorme virtud la que poseen. Sus discursos pueden ser polémicos pero nunca serán ignorados. Pero esa particular aptitud no puede ser igualmente efectiva ante cualquier contingencia, menos aún para enarbolar soluciones de problemáticas complejas. En esos casos se corre el riesgo de exteriorizar salidas cosméticas, ofrecer sólo un espacio para la catarsis colectiva o, peor, inducir a la satisfacción por la vía de la venganza.

Reivindicar un incremento de la represión es una respuesta simple que tiende a ser aceptada por mucha gente. Ante un tema complejo es natural que se opte por respuestas sencillas que eludan razonamientos y debates profundos. Las opciones más autoritarias y dictatoriales suelen también nutrirse de este tipo de argumentos efectistas que les permite lograr rápidas adhesiones, sostenidas en la emotividad y el escaso intercambio de ideas. Por otro lado, no puede perderse de vista que esta prédica, en algunos casos, ha desencadenado en la justicia por mano propia o en complacencias con los excesos represivos.

Hace unos días, la Coordinadora contra la Represión Institucional (Correpi) denunció la muerte de 2826 chicos, desde 1983, fruto del accionar de uniformados y que, desde 2003, los fallecidos en circunstancias que involucran a victimarios oficiales suman 1323 jóvenes. Es decir, que esa “mano dura” reclamada ya se viene ejecutando, sin que haya obrado como un neutralizante de la violencia, todo lo contrario. ¿Será que 2.826 chicos muertos es insuficiente para alcanzar la seguridad deseada, que hace falta subir esa cifra a diez mil, veinte mil o la tristemente recordada de treinta mil para alcanzar soluciones satisfactorias para la ciudadanía?

Es evidente que el tema de la violencia y el auge delictivo no puede resolverse mágicamente, porque responde a una multitud de causas entre las que podemos incluir la decadencia del país, la desindustrialización, la desocupación, la concentración urbana, la pobreza y la marginalidad, pero también la corrupción policial y el amparo oficial a traficantes de todo tipo.


La condición humana

El último medio siglo de la historia de nuestro país fue de un continuo derroche de oportunidades en pos de encontrar un rumbo económico que contenga a la población. Podremos recordar los vaivenes de las estrategias económicas implementadas en función de las doctrinas de moda, de ser propiciadas por los organismos multilaterales o para beneficiar a determinados sectores, despreciando un futuro promisorio común. No será difícil visualizar a los gobernantes que obscenamente incrementaron sus patrimonios conviviendo con escándalos de corrupción, sin siquiera ruborizarse ni brindar explicaciones ni ser investigados por la Justicia. No fue un cataclismo que afectó a todos por igual, algunos fueron funcionales a esos ilícitos y se nutrieron generosamente de ellos.

A pesar de que ningún país está exento de esos perniciosos hábitos políticos, la evolución no fue la misma. Hasta hace medio siglo Argentina era la economía predominante de América Latina y en la actualidad no existen certezas de que esté ubicada en el tercer, cuarto o quinto lugar. La simple comparación con el desarrollo manifestado por Brasil y Chile resulta por demás contundente. Este fenómeno de retroceso y frustración de una sociedad no fue gratuito

El censo económico 2004/5 dio cuenta de “una caída de casi 9.000 unidades fabriles respecto al CNE anterior”, en 1994. “Este fenómeno se registra por tercera vez consecutiva y supone una reducción de plantas del orden de los 25.000 en relación al CNE de 1974”.

“La ocupación industrial (poco más de 950.000 trabajadores) supone una expulsión de más de 55.000 personas respecto a una década atrás. En este plano también se reproduce por tercer censo consecutivo y remite a una expulsión de 375.000 trabajadores en relación con los ocupados en la última fase del proceso sustitutivo. Así, al cabo de tres décadas, la industria expulsó a casi el 30 por ciento de la dotación de mano de obra ocupada”. También se manifiesta “una creciente apropiación del excedente por parte de los capitalistas del sector (en especial de los más grandes, dado lo difundido de los procesos de concentración y centralización del capital)”. (Daniel Azpiazu – Martín Schorr. Página 12. Suplemento Cash. 25-10-09).

¿Qué tienen que ver estas cifras con el grado de violencia y el auge delictivo que afecta a la sociedad argentina? Desde hace muchos años existen investigaciones que confirman la relación entre ambas variables. En efecto, la caída de los puestos laborales en la industria y el aumento de la delincuencia son fenómenos estrechamente ligados, según las conclusiones a las que arribó, luego de sus investigaciones, el sociólogo norteamericano James Petras. El estudio analiza las consecuencias inexorables que se producen en el ámbito familiar con la ausencia de la contención que ejerce el trabajo fabril.

“La crisis aumentó el desempleo industrial y automáticamente se elevaron los robos y los asesinatos”, afirmó Petras. Trabajó sobre cinco grandes ciudades -Detroit, Nueva York, Boston, Chicago y Newark- investigando los posibles vínculos entre ambos procesos durante el período 1950/1988. Sus conclusiones fueron que “hay una relación perfectamente inversa. En todos los casos, cuando cae la industrialización y el empleo industrial, aumenta la delincuencia y el crimen”

“La explicación no está simplemente en la pobreza -señala Petras (Clarín, 15/7/90)-. Es la pérdida de la integración. La industria nuclea la gente en la fábrica, permite la organización social y asegura la estabilidad de la familia. Cuando el hombre es marginado por el desempleo prolongado, su autoridad de padre suele quedar lesionada y en más de una ocasión termina abandonando la familia y dejándola en un cuadro de desamparo y quiebra. No es la pobreza en forma grosera lo que explica todo”.

Los pasos de su investigación fueron los siguientes: “Hicimos un pequeño estudio: el proceso de un padre de familia que pierde el trabajo. Se cierra la industria, el padre es indemnizado y a partir de allí los lazos con su hijo empiezan a quebrarse. ¿Por qué? El hijo no puede seguir al padre en su misma fábrica, no tiene una integración social a través de los sindicatos. La autoridad del padre desocupado sobre la familia se va minando. El hijo camina suelto en trabajos mal pagos en el sector servicios, carece de seguridad laboral y de integración”. Considera que “el costo de oportunidad entre una “changa” mal pagada y lo que puede ganar con las drogas o los robos empieza a pesar. Quebrada la autoridad familiar y sus posibilidades de integración, pasa a ser una simple cuestión de conveniencia. Eso fue en Detroit, donde la crisis aumentó el desempleo industrial y automáticamente se elevaron los robos y los asesinatos. Pero sucedió igual en otras grandes ciudades.” En el mismo sentido, agrega que “cuando tenemos pleno empleo industrial y una fuerte sindicalización, las tasas de criminalidad son muy bajas. Si realmente queremos vivir sin miedo ni crímenes tenemos que cuestionar la política de inversiones y la política industrial”.

Luego describe con mayores precisiones el fenómeno, a los miembros de la clase obrera industrial “el empobrecimiento constante los arroja a las calles, pierden identificación con la sociedad, no tienen respeto alguno por la autoridad porque ninguna autoridad tiene respeto por ellos. Son la “basura”. Así, los llaman. Y a la basura hay que limpiarla”.

Entonces, sí la pérdida de puestos de trabajo y el aumento de la delincuencia están vinculados, considerar que la opción para resolver los temas de seguridad pasa por la represión es como prescribir un analgésico para un enfermo de cáncer.

Ahora bien, si la situación de inseguridad que padecemos tiene un origen que se remonta a un par de décadas atrás y los sucesivos gobernantes fueron provocando un agravamiento o la utilizaron de manera perversa en función de sus intereses políticos, ¿existe alguna estrategia posible para resolver ese dilema?

“Hay estados y estados. Hay un estado eficaz con capacidad de tomar un excedente de recursos, organizar programas de servicios que funcionen y atender al sector más desprotegido. Son los casos del Canadá, de Escandinavia, etcétera. Y tenemos otros estados que son simples bolsas de empleos para que los políticos armen sus clientelas. Esos estados absorben sus recursos y dan peores servicios” (Petras, ya citado)

Roberto Baradel, secretario general de Suteba y adjunto de la CTA bonaerense, denunció días atrás que “los hogares están cerrando porque no están recibiendo el pago de becas, no se está aplicando la ley 13.298 de promoción y protección de derechos. Debemos confrontar sobre las causas que generan un país con excluidos y con inseguridad. Dar el debate a la sociedad. Las medidas de Rico y de Ruckauf han incrementado la inseguridad porque incrementaron los circuitos delictivos que están vinculados al poder político y a la policía”.

Si los funcionarios de diversos niveles y jerarquías son los verdaderos responsables de este fenómeno, también muchos medios de comunicación aportan lo suyo con la presentación de informaciones en función de sus necesidades de confrontación con el gobierno de turno o de manera sensacionalista y superficial, sin demostrar un compromiso acabado con el futuro de la sociedad a la que se deben.

En el trabajo titulado “El Encierro mediático. Cómo hablan los diarios sobre los chicos en conflicto con la ley penal”, recientemente publicado, se relevaron 22 diarios –11 nacionales y 11 provinciales-, se analizaron cuáles fueron los temas más y menos tratados, las fuentes escuchadas, los términos utilizados y pone el foco en el tratamiento de los chicos acusados de delitos. Asegura que hay “pocas fuentes; pocas estadísticas; muchos términos peyorativos y titulares que derraman estereotipos en letras de moldes sobre un grupo social que poco puede hacer para defenderse”.

En un año, sostiene el informe, las noticias que vinculan a chicos y chicas con el delito se cuadriplicaron en los principales diarios del país. “¿También se cuadriplicaron los delitos cometidos por chicos? No. Difícilmente éste sea un número que confirme cualquier estadística”. Una de cada cuatro notas relevadas en 22 diarios no cita ninguna fuente, “y en otros casos se apeló exclusivamente a la frase “una alta fuente policial” para comentar un presunto hecho delictivo cometido por un chico”. El trabajo da cuenta de que sólo en el 4,3% de los casos, los propios adolescentes tuvieron voz en las notas que hablaron sobre la Justicia Penal para la franja etaria de 16 a 18 años. Además “los artículos que se refirieron a medidas de privación de libertad de los adolescentes sospechosos de delinquir, incluyeron términos peyorativos en el 65 por ciento de los casos” (www.argenpress.com.ar -20/11/09).

Por otra parte, el rol de las instituciones dedicadas a la prevención del delito y de sus responsables políticos está seriamente cuestionado. No sólo por la escasez de recursos, sino por su sospechosa ineficiencia para operar contra los grandes traficantes, que son los principales causantes de la inseguridad por las redes mafiosas que han tejido incorporando a miles de “arrojados a las calles” y por la utilización por la propia policía de muchos de ellos. ¿Tuvieron que producirse varios crímenes para que las autoridades se percataran del fenomenal tráfico de efedrina que existía en nuestro país? ¿Si ARBA cuenta con tecnología satelital para detectar incrementos patrimoniales no declarados, por qué razón no se la utiliza para descubrir los cientos de desarmaderos existentes que se nutren del robo de automotores? ¿Es posible que los narcóticos circulen con la magnitud e impunidad que lo hacen sin el amparo de algunas dependencias del Estado? ¿Por qué han pasado tantos gobernantes y funcionarios de seguridad sin que se haya podido cambiar radicalmente el funcionamiento policial?


Propuestas

Estas propuestas, que a continuación se detallan, pueden ser más conducentes que el simple reclamo de una mayor represión para resolver el tema de la inseguridad.

1. Es evidente que el problema es complejo y ante cuestiones de esta índole no hay nada mejor que abrir el juego, desarrollar un profundo debate con la mayor participación y libertad posible. Con la incidencia que ostentan en los medios de comunicación, sería sencillo para ustedes promover la creación de espacios en los principales canales de televisión en los que participen académicos, especialistas, representantes sociales y políticos, sin restricciones de tandas publicitarias y grillas de programación, para abordar lo más seriamente posible esta problemática, debatiéndola e intentando concluir en una estrategia adecuada para resolverla. Así será posible esclarecer sobre sí los recursos del estado están bien utilizados o no, cómo contener y brindarles una oportunidad de futuro a los niños y jóvenes desamparados, si la forma de mejorar la seguridad pasa o no por la participación más activa de la ciudadanía en el control y la designación de las autoridades policiales y de seguridad, sobre el tratamiento informativo más adecuado para abordar este tipo de información por parte de los medios de comunicación con el fin de aportar desapasionadamente al esclarecimiento de la ciudadanía, entre otras cuestiones.

2. Creación de un fondo solidario con el fin de solventar una política de amparo social que promueva la cultura del trabajo. Un llamamiento efectuado por ustedes sería enormemente exitoso. Con vuestra iniciativa y el efecto de emulación que ejercería su propia contribución, podría canalizarse el aporte de gran parte de la sociedad, principalmente el de los ricos y famosos, brindándole así la oportunidad de retribuir a la comunidad todo lo que han recibido de ella. De esta manera, podrían solventarse innumerables mecanismos de contención social determinados por las conclusiones que surjan del debate propuesto en el punto anterior.

Estas propuestas se encuentran a vuestro alcance y serían una contribución notable a resolver la problemática que aqueja a la sociedad. Frente a una situación límite como la presente, una acción es mucho más efectiva que cientos de discursos. La promoción de estos pasos haría que el reconocimiento social que poseen se incremente notablemente, pero lo más importante encontrarán la enorme satisfacción de haber contribuido al logro de una sociedad mejor.

Afectuosamente.

Bernardo Veksler


Fuente: Bernardo Veksler para ARGENPRESS.info