Por estos días en nuestro país se están viviendo escenas que hacen recordar a los peores momentos de su historia como nación. Al lockout de las entidades rurales, que está generando el desabastecimiento de productos primarios de la economía para consumo masivo, se le adosó las movilizaciones de gran parte de las clases medias que se sumaron a las protestas de los estancieros, con el fin de desestabilizar al poder ejecutivo, y hasta en algunos casos pedir la renuncia de la Presidente como si esta situación fuera comparable con la crisis de diciembre de 2001.
Por estas horas se está hablando de la “venezualización” de la República Argentina. Desde los sectores medios- altos de la sociedad se compara a la administración nacional con la Venezuela de Hugo Chávez y con Cuba, tildando al gobierno de dictatorial por el sólo hecho de ejercer la autoridad- que no es lo mismo que autoritarismo, algo que los “señores del campo” añoran apasionadamente cada vez que se habla del 24 de marzo de 1976-. Si bien hay buenas relaciones con ambos países, la presidenta Cristina Fernández y su equipo están siguiendo la dirección del anterior mandato de su marido, Néstor Kirchner, aplicando políticas económicas muy distintas a las de aquellos. El modelo de exclusión y desigualdad impuesto en el 76’mediante la violencia física y simbólica, continua vigente. Todavía estamos demasiado lejos de un Estado socialista o keynesiano, para ello debería haber una profunda redistribución equitativa tanto de las riquezas como de la renta. Habría que aplicar retenciones o un impuesto más alto a las ganancias de los sectores que más poseen que superé el 80 %, como sucede en Bolivia con el petróleo. Por ahora estamos solamente ante un 40% de retenciones móviles a los que más acumularon a partir de la devaluación del 2002.
Las cacerolas de “Doña Rosa” se hicieron sentir como aquellos golpes a los cuarteles militares durante el siglo pasado, para poner orden y acabar con esas pretensiones “izquierdistas” de querer impartir justicia social quitándoles apenas un poco a los que tienen de sobra.
El discurso de los grandes medios de comunicación sostiene que los cortes de ruta y las movilizaciones a las plazas fueron realizados por la “gente de bien”, por ciudadanos que se manifiestan “espontáneamente”, a diferencia de los piqueteros (esos “negritos” que sí violan el derecho a la libre circulación) que no son ciudadanos y están organizados y pagados por el gobierno. Sin embargo, dirigentes como Elisa Carrió y la militarista Cecilia Pando llamaron a la movilización. No fueron espontáneas las marchas, estuvieron dirigidas por distintas ramas de la oposición y tuvieron el sustento de los medios. Periodistas y comunicadores no se cansaron de marcar una fuerte distinción xenófoba entre los civiles que apoyaban al “campo” por un lado, y los piqueteros de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) liderados por Luis D’elia y los del movimiento Evita conducidos por Emilio Pérsico, por otro. Los primeros civilizados y los segundos señalados como fuerza de choque del poder gubernamental (un modo eufemístico para no llamarlos bárbaros).
Lo que la derecha y los grupos más conservadores de la población no lograron el 28 de octubre del año pasado por la vía electoral, lo quieren conseguir ahora ilegítimamente a través del entorpecimiento del orden democrático. Está bien que se expresen públicamente, pero es de una enorme crueldad que impidan el suministro de alimentos en las góndolas de almacenes y supermercados. Este no es un ataque a los Kirchner, sino a la porción más humilde de la ciudadanía, perjudica a los de menos recursos.
No sabemos bien qué pasará con el dinero de las retenciones a los agropecuarios, pero un primer avance hacia una sociedad más justa y equitativa es empezar por tocar los intereses de los más poderosos, para darles a los más necesitados. Quienes apoyaron golpes de Estado y a gobiernos impopulares como el de Carlos Saúl Menem, no se conforman con las extraordinarias ganancias que reciben gracias al dólar alto y de la inserción positiva de nuestros productos en los grandes mercados. No se trata de un disgusto por el rumbo de la economía, sino que es una cuestión meramente política e ideológica, no soportan que un gobierno piense y actúe de una manera distinta a la que quieren ellos, y que sus prioridades sean otras. Y esto va a pasar con cualquier dirigencia política que busque el verdadero cambio social, poniendo en primer lugar el interés de las clases populares.
Los mediocres de siempre volvieron a la acción, y no de manera espontánea, sino bien organizada. Sus desmesuradas ambiciones son acompañadas por muchos que todavía desean un país dividido en dos, polarizado entre incluidos y excluidos. Esperemos que nuestros dirigentes políticos jueguen dignamente a favor de los más desprotegidos, y no cedan ante la voracidad del poder económico (el cual nunca es elegido en las urnas).
Por estas horas se está hablando de la “venezualización” de la República Argentina. Desde los sectores medios- altos de la sociedad se compara a la administración nacional con la Venezuela de Hugo Chávez y con Cuba, tildando al gobierno de dictatorial por el sólo hecho de ejercer la autoridad- que no es lo mismo que autoritarismo, algo que los “señores del campo” añoran apasionadamente cada vez que se habla del 24 de marzo de 1976-. Si bien hay buenas relaciones con ambos países, la presidenta Cristina Fernández y su equipo están siguiendo la dirección del anterior mandato de su marido, Néstor Kirchner, aplicando políticas económicas muy distintas a las de aquellos. El modelo de exclusión y desigualdad impuesto en el 76’mediante la violencia física y simbólica, continua vigente. Todavía estamos demasiado lejos de un Estado socialista o keynesiano, para ello debería haber una profunda redistribución equitativa tanto de las riquezas como de la renta. Habría que aplicar retenciones o un impuesto más alto a las ganancias de los sectores que más poseen que superé el 80 %, como sucede en Bolivia con el petróleo. Por ahora estamos solamente ante un 40% de retenciones móviles a los que más acumularon a partir de la devaluación del 2002.
Las cacerolas de “Doña Rosa” se hicieron sentir como aquellos golpes a los cuarteles militares durante el siglo pasado, para poner orden y acabar con esas pretensiones “izquierdistas” de querer impartir justicia social quitándoles apenas un poco a los que tienen de sobra.
El discurso de los grandes medios de comunicación sostiene que los cortes de ruta y las movilizaciones a las plazas fueron realizados por la “gente de bien”, por ciudadanos que se manifiestan “espontáneamente”, a diferencia de los piqueteros (esos “negritos” que sí violan el derecho a la libre circulación) que no son ciudadanos y están organizados y pagados por el gobierno. Sin embargo, dirigentes como Elisa Carrió y la militarista Cecilia Pando llamaron a la movilización. No fueron espontáneas las marchas, estuvieron dirigidas por distintas ramas de la oposición y tuvieron el sustento de los medios. Periodistas y comunicadores no se cansaron de marcar una fuerte distinción xenófoba entre los civiles que apoyaban al “campo” por un lado, y los piqueteros de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) liderados por Luis D’elia y los del movimiento Evita conducidos por Emilio Pérsico, por otro. Los primeros civilizados y los segundos señalados como fuerza de choque del poder gubernamental (un modo eufemístico para no llamarlos bárbaros).
Lo que la derecha y los grupos más conservadores de la población no lograron el 28 de octubre del año pasado por la vía electoral, lo quieren conseguir ahora ilegítimamente a través del entorpecimiento del orden democrático. Está bien que se expresen públicamente, pero es de una enorme crueldad que impidan el suministro de alimentos en las góndolas de almacenes y supermercados. Este no es un ataque a los Kirchner, sino a la porción más humilde de la ciudadanía, perjudica a los de menos recursos.
No sabemos bien qué pasará con el dinero de las retenciones a los agropecuarios, pero un primer avance hacia una sociedad más justa y equitativa es empezar por tocar los intereses de los más poderosos, para darles a los más necesitados. Quienes apoyaron golpes de Estado y a gobiernos impopulares como el de Carlos Saúl Menem, no se conforman con las extraordinarias ganancias que reciben gracias al dólar alto y de la inserción positiva de nuestros productos en los grandes mercados. No se trata de un disgusto por el rumbo de la economía, sino que es una cuestión meramente política e ideológica, no soportan que un gobierno piense y actúe de una manera distinta a la que quieren ellos, y que sus prioridades sean otras. Y esto va a pasar con cualquier dirigencia política que busque el verdadero cambio social, poniendo en primer lugar el interés de las clases populares.
Los mediocres de siempre volvieron a la acción, y no de manera espontánea, sino bien organizada. Sus desmesuradas ambiciones son acompañadas por muchos que todavía desean un país dividido en dos, polarizado entre incluidos y excluidos. Esperemos que nuestros dirigentes políticos jueguen dignamente a favor de los más desprotegidos, y no cedan ante la voracidad del poder económico (el cual nunca es elegido en las urnas).
Por Mauro Reynaldi.
1 comentario:
Coincido, el tema es que los medios de comunicación están con el campo y contra eso es muy difícil. Los argentinos no aprendemos más! No puede ser que sólo sea legítima la manifestación de la derecha golpista.
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