A un año de haber presentado en la justicia un recurso de amparo colectivo de protección contra el avance de privados en el territorio de Nuevo Alberdi, volvemos a la vía judicial para seguir consolidando la defensa del territorio.
El 18 de diciembre del año pasado iniciamos a través de la vía judicial un recurso de amparo colectivo con el objetivo de proteger el barrio Nuevo Alberdi Oeste contra el avance de privados que planificaban la construcción de un country en esa zona. La necesidad de recurrir a la justicia venía dada por la falta de respuestas que el Estado brindaba ante esta situación. El “dejar hacer” del Estado Municipal se traducía en el territorio en amenazas de desalojo, apertura ilegal de calles, parcelas alambradas, etc.
Ese “dejar hacer” del Estado (que ya implica todo lo anterior) hoy se transformó. La omisión ahora aparece como acción concreta: mediante las vías administrativas se aprobó la instalación de caños y cabinas domiciliarias de gas en la zona rural de Nuevo Alberdi, justo la zona sensible donde se planea asentar el country. Ante esta situación, vamos a incorporar a la causa abierta el año pasado las pruebas que afirman lo anterior: una constatación de escribana pública y el expediente de permiso de obra de la Municipalidad.
Nos encontramos con estos nuevos avances del privado y los necesarios permisos estatales a partir de la presentación en la Legislatura Provincial del proyecto de regularización dominial para toda la zona rural de Nuevo Alberdi Oeste. Sumado a esto la presión a militantes de Giros y de la Asamblea Popular Nuevo Alberdi Oeste, vuelve a hacerse necesaria la vía judicial.
Las consecuencias que genera el “dejar hacer” (que venimos denunciando hace tiempo) tienen en el territorio su expresión más cruda, como amenazas de desalojo a vecinos a través del ofrecimiento de plata y una posible topadora municipal “limpiando el barrio”. Pero esas consecuencias también pueden leerse, además, como la incapacidad del municipio para garantizar una Zona Rural de Reserva como tal. En esto insistimos cuando recurrimos a la legislatura provincial: un Estado que por acción u omisión, no logra garantizar que se cumpla la normativa. Y esto también es lo que vamos a incorporar a través de distintas pruebas en la causa iniciada el año pasado.
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